¿Por qué la Junta Directiva decidió contratar un estudio con el CESA en lugar de mantener las
cosas como venían?

El deber de la Junta Directiva es administrar el Club bajo el principio de la debida diligencia. Al cumplir casi 30 años de historia, era inminente la llegada de las primeras generaciones de asociados a la edad y antigüedad requeridas para la exención tarifaria. Dejar avanzar una cláusula de alto impacto económico sin medir sus consecuencias técnicas habría sido una irresponsabilidad administrativa.

¿Cuáles fueron las conclusiones matemáticas más alarmantes de este estudio?

El estudio del CESA demostró que la figura de la exención tarifaria generaba un hueco fiscal insostenible en el mediano y largo plazo. Al dejar de percibir los aportes de sostenimiento de un grupo de asociados que crecía exponencialmente año tras año, el Club se vería obligado a congelar inversiones en infraestructura, desmejorar los campos o, en el peor de los casos, declararse en inviabilidad financiera.

¿Por qué la Junta Directiva sugirió eliminar la figura de "Socio Decano"?

Esta afirmación no es correcta, la propuesta de eliminar la figura de “Socios Decanos” surgió directamente de los asociados al Club. Tras conocerse los resultados del estudio desarrollado por el CESA, un grupo calificado de asociados se movilizó de manera proactiva, recogió las firmas necesarias y radicó una petición formal para exigir que se evaluara la eliminación definitiva de este beneficio para todos los asociados en aras de proteger la equidad y el patrimonio común de la organización.

¿Se dice que la eliminación de la figura fue una imposición unilateral de la Junta Directiva?

La Junta Directiva no diseñó ni impuso la medida. La Junta cumplió con su deber de debida diligencia al contratar un estudio técnico independiente (CESA) y transparentar los resultados a la comunidad. Fueron los asociados, mediante firmas, quienes solicitaron llevar el punto a debate, y fue la Asamblea General Extraordinaria del 25 de febrero de 2024 la que aprobó la reforma con un 71% de los votos del quórum (470 votos a favor) como máximo organismo de dirección de la Corporación.

En ese sentido, la Junta actual simplemente está ejecutando un mandato democrático de sus asociados.

¿Tiene la Asamblea la facultad legal de suprimir un beneficio que ya estaba en los estatutos?

La Asamblea de asociados es la autoridad suprema de la organización y tiene la facultad expresa de reformar sus propios estatutos, siempre que se cumpla con las mayorías requeridas. Al adquirir la calidad de asociados, todos los miembros se adhieren de pleno derecho a acatar las decisiones legítimas emanadas de la Asamblea y de la Junta Directiva.

Si no se eliminaba esta figura, ¿qué impacto habría tenido sobre los demás asociados?

El impacto habría sido directo en el la cuota mensual de la gran mayoría para cubrir el déficit financiero que dejaban los beneficiarios de la exención.

¿Cuál es la postura de la Junta Directiva frente a los 68 asociados demandantes?

El Club respeta el derecho de todos los miembros a recurrir a la Justicia, pero lamenta que un grupo minoritario de asociados desconozca la voluntad de las mayorías que busca preservar el bienestar General sobre el particular. Nuestro deber como administradores es defender el interés común de los más de 800 asociados. No obstante, mantenemos una actitud abierta al diálogo individual y ordenado para encontrar salidas justas, siempre que éstas no comprometan la estabilidad de nuestro Club.

¿Por qué el grupo de los 68 asociados interpuso tres demandas diferentes en lugar de un solo proceso?

El grupo de asociados demandantes recurrió a una estrategia conocida como fragmentación procesal. Se dividieron estratégicamente en tres grupos de demandantes (de 22, 24 y 23 asociados ) para radicar tres demandas idénticas sobre los mismos hechos y con las mismas pretensiones ante tres juzgados distintos (Juzgados 13, 47 y 56). El objetivo de esta maniobra era multiplicar sus posibilidades de éxito, buscando que al menos uno de los despachos judiciales les concediera la medida cautelar de suspensión de las decisiones adoptadas en la asamblea extraordinaria.

Los demandantes alegan que se vulneraron sus "derechos adquiridos" como asociados antiguos. ¿Qué responde el Club?

En el derecho corporativo privado que rige a los clubes, una cláusula estatutaria de beneficio tarifario futuro no constituye un derecho adquirido inmutable, sino una mera expectativa sujeta a la viabilidad de la institución. Ningún socio puede alegar un “derecho” a mantener un beneficio económico individual si este pone en riesgo la estabilidad financiera de la corporación a la que pertenece, más aún cuando ningún asociado cumplió con las condiciones para acceder a dicha condición.

¿Está el Club Hatogrande en una situación de “desacato judicial” actualmente?

No, el Club es una institución respetuosa de la ley y las órdenes judiciales. Ante la medida cautelar provisional del Juzgado 56, el equipo legal de la Corporación interpuso de manera oportuna y rigurosa los recursos de reposición y en subsidio apelación que la ley otorga para ejercer su legítima defensa, los cuales se encuentran en trámite. El Club actúa bajo el marco estricto del debido proceso. En todo caso, vale la pena resaltar que una vez acumulados los procesos se deberán acoger a la decisión del tribunal superior mediante la cual se denegó la medida cautelar, ya que esta decisión al ser de un superior jerárquico debe ser acatada por el juez de la acumulación.

¿Cuál es la apuesta legal del Club para neutralizar esta lluvia de demandas?

La estrategia principal se centra en activar la figura jurídica de la acumulación procesal. Dado que se trata de tres demandas idénticas sobre un mismo hecho (la Asamblea Extraordinaria de 2024), el Club busca unificar los expedientes para que un solo juez conozca y decida de forma conjunta. Esto evitará la emisión de fallos contradictorios entre juzgados, reducirá la congestión judicial y garantizará una resolución coherente para toda la Corporación.

Este conflicto legal o el ruido en redes afecta los servicios, los torneos o el mantenimiento del Club?

No, la operación de Hatogrande se mantiene blindada y bajo los más altos estándares de calidad. Los campos de golf, las canchas de tenis, las zonas comunes y los servicios gastronómicos funcionan con total normalidad. La Junta Directiva y la Gerencia han asegurado que la disputa técnico-legal se dirima exclusivamente en los tribunales correspondientes, protegiendo la experiencia de descanso y exclusividad de nuestros asociados en las instalaciones.

¿Cuánto tiempo se espera que tome resolver definitivamente esta situación legal en los juzgados?

Los tiempos de la justicia civil en Colombia tienen sus propios ritmos y plazos institucionales. Un proceso de impugnación de actas de asamblea completo, incluyendo sus distintas etapas y posibles apelaciones de fondo, puede tomar entre dos y cinco años más para llegar a una sentencia definitiva. Lo importante para la tranquilidad de la comunidad es que el Club cuenta con una estrategia de defensa sólida y que la duración de este trámite externo no altera en lo absoluto la estabilidad ni la operación diaria de Hatogrande.

¿Qué acciones concretas implementará la Junta Directiva a partir de ahora para avanzar en la solución?

La hoja de ruta inmediata del Club se concentra en tres acciones paralelas:

• Transparencia técnica: Habilitar de manera permanente este espacio oficial de consulta en la App y la Web para que todos los asociados tengan acceso directo a los hechos cronológicos y al estudio del CESA, erradicando la desinformación.
• Atención oportuna: Responder con absoluto rigor y bajo los plazos estatutarios (hasta 30 días) los requerimientos informativos o derechos de petición que sigan ingresando.
• Diálogo constructivo: Mantener activos los canales de acercamiento individual (one-to-one) con los asociados demandantes que deseen explorar alternativas de transición comercial razonables y respetuosas de la caja común.